Iglesia insiste en seguridad para religiosos a una semana del asesinato del padre Marcelo
A una semana del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la iglesia católica demandó por segunda ocasión acciones efectivas para cuidar la vida de quienes luchan por la paz y la justicia en México.
La demanda de seguridad para los defensores de los derechos humanos y líderes religiosos respaldó la exigencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitida horas después de que el padre Marcelo fue asesinado y la cual hasta ahora, no ha tenido una respuesta oficial por algún orden de gobierno.
El clero católico también reprochó que las denuncias públicas del sacerdote de origen indígena en cuanto a la elevada inseguridad en la zona donde predicaba “no fueron escuchadas ni atendidas con determinación por las autoridades”, con todo y que el sacerdote contaba con medidas cautelares.
La violencia ya no se aguanta”, fueron algunas de las últimas y valientes denuncias del sacerdote Marcelo Pérez, que pudieron no haber sido necesarias si, más allá de las medidas cautelares que tenía, las autoridades lo hubieran escuchado y actuado con determinación. Nos unimos a la Conferencia del Episcopado Mexicano en la exigencia para que se tomen medidas efectivas para proteger a quienes arriesgan sus vidas por la paz y la justicia”, evidenció este domingo el editorial del semanario católico Desde la Fe.
Tras describir las condiciones en las que se cometió el homicidio en contra del sacerdote, la iglesia católica hizo notar que después de dos mil años, aún en estos días la lucha por la paz y la justicia es un propósito que incomoda a muchos cuando se va en busca de la verdad.
“Nos unimos a la Conferencia del Episcopado Mexicano en la exigencia para que se tomen medidas efectivas para proteger a quienes arriesgan sus vidas por la paz y la justicia. La historia se repite: en el caso de Jesús, en los mártires que la Iglesia recuerda, y hoy en el testimonio del padre Marcelo. Su muerte, como la de tantos otros, es un doloroso recordatorio de que el Evangelio, cuando se vive en su totalidad, sigue incomodando a quienes rechazan la paz y la verdad. No queremos ni una muerte más a causa de la violencia. Queremos una lucha conjunta por la paz y la justicia”, planteó la jerarquía católica este domingo desde el semanario Desde la Fe de la arquidiócesis primada de México.
Desde la perspectiva eclesiástica, “la comunidad cristiana enfrenta actos de violencia solo por manifestar su fe, y son vistos como incómodos por su lucha en pro de un mundo mejor; así fue el caso del padre Marcelo Pérez en Chiapas” sostuvo el semanario al preguntar cuántas muertes hacen falta para parar la violencia en México.
¿Cuántos más como el padre Marcelo tendrán que sacrificar su vida por buscar la verdad, la justicia y predicar el Evangelio?, ¿cuántas madres buscadoras, cuántos defensores de migrantes, cuántos luchadores sociales más? ¿Cuántos más? Si cada vez que un sacerdote se alza por la verdad, arriesga su vida, y más si lo hace en una comunidad vulnerada por el crimen organizado. ¿Cuántos sacerdotes y ciudadanos más deben ser asesinados para que se escuche su grito exigiendo justicia y paz? Hace más de dos años murieron los jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos, cuya ausencia aún nos duele, y ahora, esta semana tocó al sacerdote Marcelo Pérez”, resaltó la publicación dominical.
“En un entorno donde la vida del pueblo y la dignidad humana son constantemente amenazadas, ¿cuántos más deben caer antes de que los gobiernos y la sociedad reaccionen?”, cuestionó la jerarquía católica en un tono más elevado de exigencia hacia las autoridades.
Se consideró “inaudito” que mientras la violencia cobra vidas como la del padre Marcelo, se pretenda despenalizar la interrupción del embarazo en todas sus etapas en la Ciudad de México.
Al cumplirse una semana del ataque que acabó con la vida del sacerdote en San Cristóbal de las Casas, ninguna autoridad local o federal ha revelado el perfil criminal de Edgar N, presunto autor material del crimen capturado dos días después de los hechos.
Se desconoce si el presunto homicida forma parte del crimen organizado que azota la región de los Altos de Chiapas o bien, si se relaciona con algún grupo de origen indígena armado que disputa cargos políticos y de usos y costumbres en la zona, otra de las problemáticas que se enfrentan en el estado.
