Cámara de Diputados: ‘Descafeínan’ la Ley contra la extorsión
Morena y sus aliados en la Cámara de Diputadosatenuaron, mediante una reserva presentada anoche en San Lázaro, las penas previstas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, a fin de que los servidores públicos involucrados en omisiones de denuncia y persecución de este delito no tengan condenas del mismo nivel que los extorsionadores.
Morena, Partido Verde, PT y MC aprobaron anoche la ley en lo particular, con 339 votos a favor, 100 en contra de PAN y PRI, y cuatro abstenciones, con lo que se reduce hasta en ocho años de cárcel la sanción prevista para servidores públicos que se abstengan de denunciar ante el Ministerio Público casos relativos a Personas Privadas de la Libertad (PPL), o a funcionarios que no denuncien casos de individuos que extorsionen desde centros penitenciarios a través de llamadas telefónicas.
Las bancadas de Acción Nacional y PRI votaron en contra de la reserva al calificarla como “Ley Hernán (Bermúdez)”, y destacaron que “la extorsión no se combate con abrazos, ni con balazos”, sino con mayores penas de prisión a extorsionadores y cómplices.
La propuesta de modificación al dictamen, previamente aprobado en lo general, fue presentada en tribuna por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. La enmienda aprobada plantea de seis a 12 años y de 600 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, hasta 330 mil 420 pesos, las penas para funcionarios de gobierno por omitir las denuncias de dicho delito.
La reforma original, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión, establecía una pena de 10 a 20 años de prisión tanto para los extorsionadores, como para aquellos funcionarios que no denuncien en tiempo y forma estos casos de abuso.
Por qué lo reducimos o por qué propongo que se reduzca de seis a 12 años y no de 10 a 20 años para los servidores públicos. Estoy hablando del funcionario que puede ser un ministerio público, un policía o cualquier servidor público que no informe a la autoridad de una extorsión que el conozca.
No es una indulgencia para el servidor público, sino es un ejercicio de racionalidad punitiva, eso lo conocemos en materia penal como principios invariables (…) No puede ser más (castigada) la omisión que la ejecución de un acto ilícito, que es la extorsión”, explicó Monreal Ávila.
Este matiz beneficia a policías, agentes del Ministerio Público, jueces o personal de vigilancia y custodia carcelaria que no denuncien casos de extorsión, pues estos servidores también podrían estar amenazados por los criminales.
En la aprobación nocturna se mantuvieron las mismas multas económicas para funcionarios omisos en materia de extorsión, que para extorsionadores.
La bancada del PAN, en voz de su coordinador parlamentario, Elías Lixa Abimerhi, propuso que en lugar de bajar las penas a los funcionarios públicos omisos ante la extorsión, se incrementen los años de cárcel a los extorsionadores.
Porque el artículo 21 no habla de informes, habla de la obligación de denuncia de un funcionario público o en un caso de emergencia, de un llamado a la policía, pues claro que quien no lo hace es cómplice y actúa en perjuicio de la sociedad.
Pero no es bajando la pena de los cómplices del gobierno, es subiendo la pena de los extorsionadores en general, porque hay estados de la República que hoy tienen mayores penas que las que están poniendo en este código”, dijo.
Una vez avalados los cambios a la nueva ley en la materia, la minuta se remitió a la Cámara de Senadores para su revisión y eventual aprobación en el mismo sentido.
