marzo 7, 2026

Centros de Justicia refuerzan rastreo de deudores alimentarios que buscan evadir su responsabilidad

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En Coahuila, los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres intensifican las acciones para identificar a deudores alimentarios que intentan eludir sus obligaciones mediante estrategias como renuncias voluntarias o cambios de empleo que no reportan ante la autoridad. Así lo dio a conocer Katy Salinas Pérez, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Niñez.

La fiscal explicó que, con la reciente disposición que permite embargar las cuentas de Afores de quienes incumplen con el pago de pensiones, los equipos jurídicos han emprendido investigaciones más exhaustivas para localizar a estas personas. Salinas calificó estas prácticas como una forma de violencia económica que impacta directamente a mujeres, niñas y niños.

“Cuando sabemos que alguien renunció para evitar cumplir con la pensión, iniciamos las gestiones necesarias ante instancias como el IMSS y otras dependencias para ubicar su nuevo lugar de trabajo. No vamos a permitir que se burlen de la ley ni que afecten los derechos de sus hijas e hijos”, sostuvo.

Subrayó que estas acciones tienen como prioridad proteger los derechos fundamentales de la niñez, ya que la falta de pensión alimenticia afecta directamente su acceso a alimentación, educación, salud y otras condiciones básicas para su desarrollo. Incluso advirtió que incumplir con esta obligación puede traer consecuencias legales severas, como la pérdida de la custodia.

Aunque precisó que no se tiene un registro exacto del número de casos en esta circunstancia, Salinas mencionó que alrededor del 10% de los reportes atendidos en los Centros de Justicia corresponden a violencia económica. No obstante, recordó que muchos asuntos se resuelven en juzgados familiares y no necesariamente por la vía penal.

Finalmente, hizo un llamado a madres y padres para ejercer la paternidad y maternidad con responsabilidad. “El derecho a recibir alimentos es una garantía fundamental para niñas y niños, no sólo una obligación legal. Cumplir con ello es parte de erradicar la violencia en su vida”, concluyó.

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