Registro de agresores impide a violentadores contender por cargos públicos en Coahuila
El Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres (RESPSVM) se ha consolidado como un filtro legal obligatorio para quienes buscan ocupar cargos públicos en Coahuila, al impedir que agresores, deudores alimentarios o personas sancionadas por violencia de género participen en procesos electorales.
Así lo confirmó Miguel Mery Ayup, presidente del Poder Judicial del Estado, quien explicó que cualquier ciudadano incluido en este padrón tiene prohibido por ley contender por un puesto de elección popular, como resultado de reformas y propuestas impulsadas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos electorales locales.
Además de las restricciones en el ámbito político, la inclusión en este registro puede derivar en sanciones administrativas a nivel nacional, entre ellas la posible negativa en la expedición de pasaportes y otros documentos oficiales, como parte de las medidas para reforzar la rendición de cuentas y la congruencia pública.
Actualmente, el RESPSVM concentra 1,638 personas sancionadas, tanto hombres como mujeres, quienes han sido condenados por delitos que implican violencia contra las mujeres. Entre los registrados se encuentran ciudadanos civiles, exservidores públicos y personas reconocidas en sus comunidades, lo que refleja la amplitud del alcance de esta política.
El Distrito Judicial de Saltillo encabeza la lista con la mayor concentración de casos, al sumar 476 personas registradas, manteniendo un promedio anual de 409 ciudadanos sentenciados por delitos relacionados con violencia física o psicológica.
La iniciativa surgió como una acción afirmativa del Poder Judicial de Coahuila, con el propósito de garantizar que quienes aspiren a cargos públicos cuenten con antecedentes íntegros y no representen un riesgo para la confianza ciudadana ni para los derechos de las mujeres.
Mery Ayup subrayó que esta medida representa un ejercicio de coherencia institucional, al impedir que personas con historial de violencia accedan a posiciones de poder o representación pública.
“Quien tenga este tipo de antecedentes podrá perder la posibilidad de obtener un pasaporte o ser candidato. Eso habla mucho de la congruencia de la persona que se desempeñe en un cargo público”, afirmó.
El registro también busca fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, promover la transparencia y enviar un mensaje claro de cero tolerancia hacia la violencia de género, particularmente en los espacios donde se toman decisiones públicas.
