Legisladores morenistas piden revisar proyectos de gasoductos transfronterizos
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diputados morenistas presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para que dependencias gubernamentales revisen, evalúen y emitan opiniones sobre proyectos que se pretenden implementar en el Golfo de California sobre gasoductos transfronterizos y el tránsito permanente de buques cisterna.
Entre los proyectos que buscan que se revisen están Saguaro en Puerto Libertad, Sonora; Amigo en Guaymas, Sonora; y Vista Pacífico LNG, en Topolobampo, Sinaloa; los cuales pretenden recibir gas natural proveniente de Texas, licuarlo y exportarlo a mercados asiáticos.
Para esto se requerirían gasoductos transfronterizos y el tránsito permanente de buques cisterna a lo largo del Golfo de California.
En el escrito, los diputados Joaquín Zebadúa Alva y Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez detallan que las Manifestaciones de Impacto Ambiental presentadas hasta la fecha por los promoventes están incompletas, ya que no contemplan los impactos regionales acumulativos, sinérgicos y residuales que exige el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
También expusieron riesgos concretos: el traslado de especies invasoras vía aguas de lastre, contaminación acústica y riesgo de colisión para cetáceos, incluidas ballenas jorobada, gris, azul y la vaquita marina; vertido de sustancias químicas al mar, modificación del lecho marino por dragado, y alteración del fitoplancton y de las redes tróficas del Golfo.
Además, resaltaron que, en materia climática, solo el proyecto Saguaro generaría emisiones equivalentes al 1% de las emisiones netas nacionales de 2019, en abierta contradicción con los compromisos de México ante el Acuerdo de París.
Por otro lado, los legisladores expusieron que comunidades indígenas de Sonora y Sinaloa, entre ellas yaquis, seris y guarijíos, dependen del Golfo de California para su sustento y no han sido consultadas conforme al estándar de consulta previa, libre e informada.
Asimismo, expusieron que relatoras de Naciones Unidas enviaron una comunicación oficial al Gobierno de México expresando preocupación por las posibles afectaciones a los derechos de estas comunidades.
