Juzgado frena la construcción de la presa Mujer Solteca, megaproyecto de Salomón Jara

OAXACA, Oax. (apro).- El Juzgado Segundo de Distrito frenó el megaproyecto emblemático del gobierno de Salomón Jara Cruz, al conceder la suspensión provisional derivada de un amparo que interpuso el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y el Medio Ambiente porque la presa Mujer Solteca incumple con la normatividad ambiental y está marcada por la opacidad.

El Observatorio obtuvo la suspensión provisional contra la presa Mujer Solteca el pasado 12 de junio, lo que obliga a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Estatal del Agua a detener el desarrollo de la obra por no contar con autorizaciones en materia de impacto ambiental regional, permisos de cambio de uso de suelo y no promover mecanismos efectivos de participación pública. 

Con ese mandato judicial, el gobierno del morenista Salomón Jara Cruz está obligado a detener el desarrollo de la presa Mujer Solteca, un megaproyecto que tendría un sobrecosto que alcanzaría los 30 mil millones de pesos y que avanza sin que la ciudadanía cuente con información suficiente sobre su viabilidad ambiental, financiera e hídrica. 

Aunque el Gobierno Federal anunció una inversión de 15 mil 944 millones 815 mil 692 pesos para su construcción, los propios documentos oficiales contemplan además 10 mil 044 millones de pesos en costos de operación y 4 mil 304 millones de pesos en mantenimiento, lo que elevaría el gasto público comprometido a 30 mil 293 millones de pesos durante el periodo 2026-2028. 

Las 28 organizaciones que integran el observatorio mencionaron que esta inversión se impulsa sin conocer aún los daños que causaría al caudal ecológico del río Atoyac y sin considerar que el río Sola es un afluente deficitario que podría ni siquiera contar con la suficiente agua para cumplir los objetivos del gobierno.

Pese a tratarse de un proyecto cuyo costo total ascendería a 30 mil 293 millones de pesos al incorporar los gastos de construcción, operación y mantenimiento —equivalentes a prácticamente una cuarta parte (24.7%) de los 122 mil 600 millones de pesos anunciados por el Gobierno de México para todo el Plan Nacional Hídrico— la propia Ficha de Valoración Estratégica reconoce que la Manifestación de Impacto Ambiental de la presa sigue en evaluación. 

Aunado a ello, las MIA correspondientes al acueducto y a la planta potabilizadora continúan en elaboración, en tanto que el avance global de estudios, permisos y autorizaciones ambientales es apenas del 30%. 

Hacen hincapié que la misma documentación oficial identifica riesgos derivados de una disponibilidad hídrica menor a la proyectada, mientras que no existe un proceso amplio de participación pública que permita conocer y discutir los impactos sociales, ambientales y financieros de una obra que comprometería recursos públicos sin precedentes para el estado. 

Consideran que la falta de información pública completa sobre la viabilidad del proyecto y el incremento sustancial de su costo total obligan a un escrutinio ciudadano y gubernamental mucho más riguroso. 

Por consiguiente, la suspensión obtenida por el Observatorio constituye una medida de protección del interés público. 

Explican que la suspensión no solo evita que continúe un proyecto sin cumplir plenamente las obligaciones ambientales previstas en la ley, sino que abre la posibilidad de revisar con transparencia un presupuesto millonario destinado a una sola presa.

Pero, además, podría existir la posibilidad de que ese presupuesto pueda reorientarse para fortalecer otras acciones estratégicas que atiendan el desabasto o mala gestión hídrica en Oaxaca, cuando la propia Conagua identifica que sus principales causas son las fugas, la falta de sectorización, el deterioro de las redes de distribución, la contaminación de las fuentes superficiales y las deficiencias operativas del organismo encargado del servicio. 

En este contexto, manifestaron que resulta indispensable transparentar la totalidad de los costos del proyecto, sus estudios técnicos, ambientales y financieros, así como garantizar mecanismos efectivos de participación pública antes de comprometer una inversión equivalente a una cuarta parte del Plan Nacional Hídrico. 

Finalmente, el Observatorio hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para cumplir plenamente la resolución judicial, transparentar toda la información técnica y financiera del proyecto y abrir un proceso público de evaluación que permita garantizar que cualquier inversión en infraestructura hídrica responda a criterios de eficiencia, sostenibilidad, participación ciudadana, a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada y a la rendición de cuentas, privilegiando soluciones que atiendan de manera integral las causas reales del desabasto de agua en Oaxaca. 

Entre las organizaciones que integran el Observatorio se encuentran: Amigos del Jardín Etnobotánico de Oaxaca; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto; Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca; Centro Universitario Comunal de los Valles Centrales – Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca; Colectivo Hacer Tequio, Colegio de Urbanistas de Oaxaca; Comisión de Cuenca de los Ríos Atoyac y Salado; y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. 

Así como Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca; Foro Oaxaqueño del Agua; Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca; Ojo de Agua y Comunicación; Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia sobre Residuos Sólidos Urbanos; Red de Intérpretes y Promotores Interculturales; Rescate de la Cuenca del Río San Felipe; Servicios del Pueblo Mixe y Servicios Para una Educación Alternativa.