Exige Manolo revisar irregularidades en propuesta de compra de AHMSA
El gobernador cuestionó que una empresa con presunta capacidad financiera limitada avanzara en una oferta de mil 400 millones de dólares y pidió priorizar los derechos de los trabajadores.
SALTILLO, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, pidió investigar las condiciones en las que avanzó una propuesta de adquisición de Altos Hornos de México (AHMSA), al considerar que existían señales sobre la falta de solvencia económica de la compañía interesada que debieron revisarse desde el inicio del procedimiento.
El mandatario expresó su inconformidad por la manera en que se desarrolló la oferta de mil 400 millones de dólares presentada por Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), encabezada por el empresario José Arturo Domínguez Arteaga, para adquirir AHMSA y Minera del Norte.
Señaló que uno de los aspectos que más cuestionamientos genera es la diferencia entre el valor de la operación y el capital contable que, según su información, tenía la empresa proponente.
“Una empresa que tenía un capital contable, creo que de cinco millones de pesos, ¿cómo va a poder comprar una empresa en mil 400 millones de dólares?”, expresó.
Jiménez Salinas consideró que las instituciones encargadas de revisar la propuesta debieron verificar oportunamente la capacidad financiera del posible comprador antes de permitir que continuara el proceso.
A su juicio, las dudas sobre la viabilidad de la transacción debieron ser suficientes para realizar una evaluación más rigurosa desde las primeras etapas.
Pide investigar actuación de las instituciones
El gobernador calificó lo ocurrido como uno de los episodios más desafortunados del proceso que enfrenta la siderúrgica, debido a las expectativas que la oferta generó entre los trabajadores y sus familias.
Consideró que la situación no debe limitarse a revisar la actuación de la empresa interesada, sino también los procedimientos aplicados por las instituciones que recibieron y dieron seguimiento a la propuesta.
“No se vale que se haya jugado con la gente y con las y los trabajadores”, manifestó.
Asimismo, mencionó que tuvo conocimiento de una denuncia penal relacionada con el caso y sostuvo que deben investigarse las posibles responsabilidades derivadas de lo ocurrido.
El mandatario reconoció que inicialmente decidió conceder el beneficio de la duda al inversionista, con la esperanza de que la compra pudiera concretarse y contribuir a la recuperación económica de la Región Centro.
Sin embargo, afirmó que los señalamientos sobre la situación financiera de la compañía hacían necesario un mayor escrutinio.
Solicita garantías para los trabajadores
Ante la posibilidad de que se presenten nuevas ofertas por AHMSA, Jiménez Salinas señaló que sería importante contar con inversionistas que acrediten solvencia económica, liquidez y experiencia empresarial suficiente para desarrollar un proyecto de recuperación industrial.
No obstante, aclaró que actualmente no dispone de información precisa sobre las condiciones en que podría retomarse el procedimiento de venta ni sobre la posibilidad de mantener a la siderúrgica como una sola unidad productiva.
El gobernador insistió en que cualquier negociación deberá considerar como prioridad los derechos laborales de quienes durante años dependieron de las operaciones de Altos Hornos de México.
“Estamos con ellos, los apoyamos al cien por ciento. Aquí lo más importante es cómo les garantizamos sus derechos a las y los trabajadores con esta transacción, cómo reactivamos y cómo hacemos que esto genere economía y derrama”, declaró.
También solicitó al Gobierno Federal mantener una vigilancia puntual sobre el proceso para evitar que se repitan situaciones que generen expectativas sin contar con garantías suficientes para concretar las operaciones.
Finalmente, recordó que las decisiones sobre el futuro de AHMSA corresponden a las autoridades federales y al Poder Judicial Federal.
Por ello, reiteró la disposición del Gobierno de Coahuila para acompañar a los trabajadores en las gestiones que deban realizar en la Ciudad de México, con el propósito de buscar una solución que permita proteger sus derechos y avanzar hacia la reactivación económica de la región.
