Busca Poder Judicial revisar sanciones para adolescentes que cometan homicidio
Miguel Mery Ayup planteará analizar posibles aumentos en las penas por delitos graves cometidos por menores de edad, sin dejar de lado los principios de rehabilitación y reinserción social.
SALTILLO, COAH.- El presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, anunció que propondrá revisar las sanciones establecidas para adolescentes que cometen delitos de alta gravedad, particularmente homicidio doloso, al considerar necesario evaluar si las medidas actuales son proporcionales a las conductas cometidas.
El magistrado explicó que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes contempla un máximo de cinco años de internamiento para determinados casos, situación que, desde su perspectiva, amerita un análisis frente a hechos de violencia extrema.
El planteamiento surge después del caso de Darleth Saraí, una niña de un año y medio que presuntamente perdió la vida a consecuencia de una hemorragia cerebral provocada por un traumatismo craneoencefálico severo.
Por estos hechos son señalados su madre, de 17 años, y su padrastro, de 16, cuya posible responsabilidad deberá determinarse mediante los procedimientos legales correspondientes.
Mery Ayup señaló que este tipo de situaciones obliga a reflexionar sobre las diferencias existentes entre el sistema de justicia para adolescentes y las sanciones aplicables a personas mayores de edad.
Señalan diferencias entre penas para menores y adultos
El presidente del Poder Judicial explicó que un adolescente responsable de homicidio doloso puede recibir una medida de internamiento de hasta cinco años, mientras que un adulto condenado por el mismo delito podría enfrentar penas considerablemente mayores.
Como ejemplo, mencionó que, dependiendo de las circunstancias del crimen y de la legislación aplicable, una persona adulta podría recibir una sentencia de 40, 50 o incluso 60 años de prisión.
Consideró que la diferencia entre ambos regímenes jurídicos es especialmente significativa cuando una persona se encuentra próxima a cumplir los 18 años.
“Por un día puede cambiar el destino de cinco años o 60 o 50 años”, expresó el magistrado.
Ante este escenario, sostuvo que es necesario estudiar si las sanciones previstas para determinados delitos cometidos por adolescentes requieren modificaciones.
Sin embargo, aclaró que su propuesta no consiste en eliminar el sistema especializado de justicia juvenil, sino en analizar sus alcances y la proporcionalidad de las medidas aplicables.
Plantean mantener enfoque de reinserción social
Mery Ayup reconoció que la legislación para adolescentes tiene como uno de sus principales objetivos favorecer la rehabilitación y reintegración de quienes cometen conductas delictivas.
Explicó que este sistema contempla tratamientos y mecanismos de atención adecuados a la edad y las condiciones de desarrollo de los menores.
No obstante, consideró que dicho propósito debe ser compatible con una revisión de las consecuencias jurídicas previstas para delitos de especial gravedad.
“Voy a presentar y proponer un estudio a fondo de por qué las penas quizá en adolescentes tendrían que aumentar, sin quitar de vista que estamos obligados a reintegrarlos a la sociedad”, afirmó.
El magistrado insistió en que cualquier propuesta deberá considerar tanto la gravedad de los hechos como la obligación de ofrecer oportunidades de rehabilitación a los adolescentes.
Advierten factores de riesgo en violencia juvenil
El titular del Poder Judicial también señaló que los recientes casos de violencia protagonizados por adolescentes en Coahuila hacen necesario examinar las circunstancias familiares y sociales que pueden influir en estas conductas.
Entre los factores que mencionó se encuentran los conflictos de convivencia dentro del hogar, el consumo de alcohol y drogas, así como la influencia de las redes sociales.
Consideró que estas situaciones requieren atención, especialmente cuando afectan a jóvenes que atraviesan condiciones de vulnerabilidad.
En ese sentido, destacó la importancia de analizar no solamente las sanciones penales, sino también los entornos en los que se desarrollan los adolescentes y los mecanismos disponibles para prevenir conductas violentas.
Finalmente, Mery Ayup reiteró que impulsará un estudio del marco jurídico vigente para determinar si resulta necesario plantear modificaciones a las sanciones por delitos graves, procurando mantener un equilibrio entre la responsabilidad penal, la protección de la sociedad y el derecho de los adolescentes a la reinserción social.
