Continúa estancado el caso de las “escaleras al cielo” en la Sierra de Zapalinamé
La situación legal de las “escaleras al cielo”, una estructura construida en 2019 en las faldas de la Sierra de Zapalinamé al suroriente de Saltillo, sigue sin resolverse debido a la falta de un representante legal de la propiedad. Así lo informó Javier de Jesús Rodríguez, Procurador de Medio Ambiente de Coahuila, quien destacó que el caso permanece detenido por cuestiones judiciales.
“El tema está en manos del Poder Judicial. No podemos proceder ni notificar una sanción porque el propietario original ya falleció y aún no hemos sido notificados sobre quién quedó como representante legal de esa área”, explicó el funcionario.
Las escaleras, un atractivo turístico polémico que consta de 200 peldaños, fueron construidas por Raúl de la Peña en un área natural protegida. Tras su edificación, las autoridades ambientales emitieron una orden para su demolición. Sin embargo, han pasado dos años sin que se concrete la medida, lo que mantiene el conflicto en suspenso.
Rodríguez aclaró que la Procuraduría de Medio Ambiente de Coahuila (PROPAEC) está a la espera de que se designe un sucesor legal para continuar con el procedimiento y aplicar las sanciones correspondientes.
“Estamos atentos, pero mientras no exista un propietario legal, no podemos avanzar. Una vez que se resuelva esta situación, procederemos con la notificación y las sanciones”, puntualizó.
El Procurador señaló que el daño ambiental ocasionado por las escaleras ya se consumó durante su construcción, aunque aclaró que no es un proceso progresivo.
“El daño no se está agravando, pero la estructura afecta la capacidad de filtración de agua de la sierra, que es esencial para el abasto hídrico de Saltillo y la región sureste. Por eso el dictamen busca garantizar el retiro de las escaleras”, afirmó.
El retiro de la estructura, según Rodríguez, recaerá en el propietario de la obra como parte de las sanciones por haber permitido la construcción en un área protegida. Además, se impondrá una multa económica por violar las normativas ambientales.
“No habrá ningún costo para el Estado ni para el municipio. El responsable deberá realizar el retiro y enfrentar las sanciones correspondientes”, indicó el funcionario.
La Sierra de Zapalinamé, considerada vital para la filtración y suministro de agua en la región, sigue siendo un punto clave para la conservación ambiental. Este caso evidencia la importancia de prevenir construcciones indebidas y proteger las áreas naturales protegidas frente a daños irreversibles.
Las autoridades continúan a la espera de que el proceso judicial avance para garantizar la restauración del área y el cumplimiento de la legislación ambiental.
