Avanza proceso judicial contra adolescentes por muerte de niña en Coahuila
La Fiscalía General del Estado presentó la acusación contra la madre de 17 años y su pareja de 16, señalados por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de una menor de un año y medio.
SALTILLO, COAH.- El proceso judicial contra dos adolescentes investigados por su presunta participación en la muerte de una niña de un año y medio avanzó a la etapa intermedia, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentara formalmente la acusación correspondiente.
Julio Loera, delegado de la Fiscalía en la Región Sureste de Coahuila, informó que el expediente continúa su curso bajo las disposiciones del sistema de justicia penal para adolescentes, debido a que las dos personas señaladas son menores de edad.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los involucrados son la madre de la víctima, de 17 años, y su pareja sentimental, de 16, quien era padrastro de la niña.
Ambos enfrentan el procedimiento judicial por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de la menor, aunque será la autoridad judicial la encargada de determinar su situación conforme a las pruebas presentadas.
Fiscalía concluye investigación y presenta acusación
Loera explicó que el procedimiento ha avanzado a una nueva fase después de que el Ministerio Público formulara la acusación correspondiente.
Detalló que el sistema de justicia para adolescentes establece un periodo máximo de seis meses para la investigación, plazo que, según indicó, también se contempla en los procedimientos penales para adultos.
Sin embargo, precisó que el caso ya se encuentra en la etapa intermedia, durante la cual corresponde continuar con los procedimientos judiciales establecidos antes de una eventual etapa de juicio.
El delegado señaló que el proceso debe desarrollarse conforme a las reglas especiales aplicables a adolescentes, las cuales contemplan medidas y sanciones distintas de las previstas para personas adultas.
Por ello, destacó que las autoridades deberán respetar los procedimientos legales y las garantías correspondientes durante el desarrollo del caso.
Internamiento máximo es de cinco años
Uno de los aspectos que ha generado atención en torno al expediente es el límite de las sanciones que pueden imponerse a adolescentes responsables de delitos graves.
Julio Loera explicó que el sistema especializado contempla una medida máxima de cinco años de internamiento, a diferencia de las penas de prisión establecidas para personas adultas.
El funcionario reconoció que existen fundamentos jurídicos que sustentan los límites actuales, debido a las características particulares del sistema de justicia para adolescentes.
No obstante, señaló que cualquier propuesta para modificar la duración de las sanciones debe analizarse desde el ámbito legislativo y conforme al marco jurídico aplicable.
La medida que pudiera imponerse en este caso dependerá del desarrollo del procedimiento y de la resolución que emita la autoridad judicial competente.
Corresponde al Poder Legislativo revisar posibles cambios
Ante los planteamientos sobre la posibilidad de aumentar las sanciones para adolescentes involucrados en delitos graves, el delegado de la Fiscalía sostuvo que la institución no tiene facultades para modificar los límites establecidos por la legislación.
Explicó que cualquier iniciativa en esta materia deberá ser revisada por los órganos legislativos competentes, considerando las disposiciones que regulan el sistema especializado de justicia para adolescentes.
Loera indicó que, aunque pueden existir distintas posturas sobre la duración de las medidas de internamiento, las modificaciones deben realizarse mediante los procedimientos legales correspondientes.
Asimismo, reiteró que la Fiscalía continuará desempeñando sus funciones de investigación y procuración de justicia dentro del marco normativo vigente.
Finalmente, señaló que la institución respetará las decisiones que adopten las autoridades legislativas y judiciales.
Mientras tanto, el proceso contra los dos adolescentes continuará en la etapa intermedia, sin que hasta el momento exista una sentencia que determine su responsabilidad penal por la muerte de la niña.
